El episodio en el que la Alcaldía de Santa Marta fue usurpada, evidencia la falta de mecanismos ágiles para salvaguardar la democracia en Colombia.
A seis meses del suceso, la ausencia de garantías judiciales continúa afectando a la ciudad, sumiéndola en una situación jurídica incierta y generando preocupaciones sobre su futuro administrativo.